Siete de 18 jueces de la Corte Suprema están implicados en audios de la corrupción


Lejos de estar al margen del escándalo desencadenado por los “CNMaudios”, las más altas esferas del Poder Judicial (PJ) están mucho más implicadas que las instancias inferiores. Y es que de los 18 magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, nada menos que siete están involucrados en tales interceptaciones, cifra a la que se le puede sumar un vocal supremo provisional que ya renunció luego de que se conocieran grabaciones que lo comprometían.

Entre ellos, qué duda cabe, destaca el ahora suspendido vocal César Hinostroza Pariachi, protagonista de decenas de esas escuchas, así como Duberlí Rodríguez, quien debió renunciar a la presidencia del PJ luego de que se hiciera pública la conversación entre su entonces asesor de prensa, Luis Díaz Asto, y Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, a quien invitó -a nombre del titular del Poder Judicial- al tristemente célebre almuerzo en El Hawaiano.


A esta lista se sumaron recientemente César San Martín -quien le dijo a Ríos que “presione” para acelerar la notificación de una resolución que involucra a su hermana- y Martín Reyes Hurtado, quien le relató a Hinostroza que el también juez supremo Javier Arévalo Vela le ofreció ayuda para su proceso de nombramiento, pero que le contestó que ya tenía el respaldo de Hinostroza y “Angelillo”.

Finalmente figuran Ángel Romero Díaz -quien le solicitó a Hinostroza Pariachi una copia de su sentencia por violación (casación del Santa)- y Aldo Figueroa Navarro, que según algunos medios es a quien aluden cuando el fiscal supremo Tomás Gálvez le recuerda a Hinostroza una reunión con “Aldito”.

Como se mencionó líneas arriba, a esta lista se puede agregar el vocal supremo provisional Luis Alberto Cevallos, quien fue el primero en dictarle prisión preventiva (durante 18 meses) a Walter Ríos. Este juez superior de Piura renunció luego de que se difundieran audios que lo involucran en el caso de presuntos cobros de dinero para favorecer a delincuentes en dicha región. En su dimisión, argumentó “motivos de salud”.

Más procesos
Sobre el tema, el director de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Ayala, recordó que se abrió una investigación preliminar a Hinostroza y San Martín, y que evalúan cerca de 70 audios para establecer si harán lo propio con otros magistrados supremos.

También destacó que en tales procesos se buscará determinar si infringieron el Código de Ética del Abogado, y que si encuentran falta podrían aplicar sanciones que van desde la multa hasta la expulsión permanente. Sin la colegiatura -advirtió-, ya no podrían ejercer como jueces.

A su turno, el abogado Luis Lamas Puccio explicó que si se busca sancionar, suspender o hasta destituir a un vocal supremo, se debe cumplir un procedimiento especial, el que “requiere que se formalice una acusación constitucional en el Congreso”, luego de lo cual, si existen elementos o indicios de alguna responsabilidad penal, el fiscal de la Nación les puede abrir un proceso.

Añadió que el Parlamento podría inhabilitar a un magistrado por cuestiones éticas o morales, pero que no puede determinar su separación definitiva.

El letrado recordó que él fue vicedecano del CAL y sostuvo que es muy complicado que dicha institución retire una colegiatura, pues afirmó que tal decisión se debe aplicar cuando de manera taxativa se infrinja una norma y que el abogado en cuestión tiene una segunda instancia a la cual apelar, conformada por exdecanos del gremio.

Es por esta serie de candados, precisamente, que el Ejecutivo propuso la creación de una Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial, mediante uno de los proyectos que entregó al Legislativo la semana pasada. La propuesta establece que dicho órgano podrá efectuar acciones preliminares para obtener evidencias contra jueces supremos que ameriten un procedimiento administrativo disciplinario, una reforma que, al parecer, es necesaria.

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