LA INFAME HISTORIA DE UN PROCESO FRAUDULENTO


Escribe: Yofré López 

Frente a las versiones que se han estado tejiendo en las redes sociales, respecto a la sentencia aplicada en mi contra por el juez Rubel Chelem Cotrina Paredes, por el delito de omisión a la asistencia familiar; me veo obligado a contar esta historia que ha trascendido la esfera familiar, y porque se trata de defender mi libertad, mi honor y mi dignidad, que están siendo mancillados a consecuencia de esta irregular sentencia.
Aquí encontrarán la verdad de los hechos, con documentos oficiales, y podrán sacar sus propias conclusiones.
Previamente sólo debo precisar que durante los años que estuve en el extranjero a mi hijo siempre lo asistí con sus alimentos. Incluso he cumplido con pagar más de 25 mil soles de la liquidación de pensiones devengadas fraudulenta, respecto a la pensión de mi hijo, pero el poder judicial endosó de manera ilegal todo este dinero a su abuelo, quien se lo habría repartido con su abogada Milagros Abantes Cabillas sin contar con poder especial inscrito en los registros públicos para realizar estos cobros.
Sin embargo, lo que no he pagado, ni tampoco pagaré porque no corresponde, es la pensión de alimentos que exige la señora Desiree Chang Torres para ella (pensión de alimentos a la esposa), y es por esa deuda fraudulenta que no tinen nada que ver con el interés superior del niño, que el juez Rubel Cotrina sentencia en mi contra, con la finalidad de sacarme de carrera política y evitar mi participación en las elecciones.
Aquí la primera parte del relato de este infame proceso.

DEMANDA FRAUDULENTA





En 1997 la señora Desiree Hilda Chang Torres me interpone una demanda de alimentos, reclamando para ella y para mi hijo una mensualidad de 2 mil soles.
Pero esta demanda es fraudulenta porque contiene información falsa consignada por la señora Desiree Chang, con el claro propósito de inducir a error al juez.
  1. La primera afirmación falsa de la demandante es haber señalado que mi domicilio real quedaba en Barranca, cuando lo cierto era que yo había viajado en marzo de 1997 al extranjero a trabajar. 
  2. La segunda afirmación falsa de la demandante es haber señalado que yo me encontraba en la ciudad de Lima, realizando actividades económicas a gran escala con ingresos mensuales de 6 mil soles. Esta información también es falsa y evidencia la actitud dolosa de la demandante. 
  3. Pero la mentira más escandalosa y relevante, es que la señora Desiree Chang Torres exige para ella en calidad de esposa una pensión de alimentos, cuando ya no le correspondía, pues había formado una nueva familia con el señor Mirko Gerson Moreno Juarez.
  4. Por lo tanto si la señora Desiree tenía algún estado de necesidad, debió solicitarle una pensión de alimentos a su nuevo conviviente, pues al momento de redactar la demanda fraudulenta, ella se encontraba esperando un hijo de Mirko Moreno, ya que esperaba un hijo de él, pues tenía 6 meses de embarazo.

Acta de nacimiento del hijo de Desiree Chang y Mirko Moreno, producto de su relación extramatrimonial.
El niño nació el 10 de marzo de 1998.

Como era de esperarse, bajo ninguna modalidad fui notificado de esta demanda, y fue así que llegó la fecha de la audiencia única, el 2 de agosto de 1999. A este acto solamente se presentó el señor José Chang Barrerra como apoderado de su hija Desiree Chang Torres, sin que yo haya tenido jamás la oportunidad de defenderme, pues nunca fui notificado.

En la audiencia única, la jueza Lourdes Chavarría Tena, consideró como único punto controvertido: determinar el monto de la pensión de alimentos para mi hijo.

La jueza no consideró una pensión de alimentos para la señora Desiree, pues se había enterado que la demandante ya tenía otra familia formada, y además no había acudido a la audiencia.




PREVARICATO, EL ARMA DEL FAUDE PROCESAL.

EL 31 de agosto de 1999, la jueza Lourdes Chavarría emite sentencia y resuelve a favor de la demandante, fijando una pensión de alimentos para mi hijo, pero también fijando una pensión de alimentos para la señora Desiree Chang Torres, incurriendo en prevaricato en este último extremo, pues inobservó dos normas procesales ineludibles, ya que la jueza no puedía decidir sobre hechos que no han sido materia de controversia en la audiencia única, y no le puede asignar pensión de alimentos al cónyuge que no ha demostrado su estado de necesidad.



Pero aquí no terminan los vicios insubsanables de este proceso fraudulento, ya que el mismo Poder Judicial no cumplió con la disposición ordenada en dicha sentencia, pues la jueza ordenó se notifique al sentenciado vía edicto judicial publicado en el diario El Peruano. Posteriormente, el 5 de octubre de 1999, se declara consentida la sentencia sin que se cumpla con la notificación en el diario El Peruano.

Resolución 26 que declara consentida la sentencia sin que se haya notificado al sentenciado.


Vemos cómo en esta etapa del proceso, es el mismo Poder Judicial quien transgrede sus propias decisiones dictaminadas en sentencia, y esta omisión vulnera una vez más mi derecho de defensa, derecho fundamental consagrado universalmente. Sin estas garantías procesales nadie puede ser sometido a juicio.
Llegado a esta parte del proceso, se advierten vicios procesales que ameritan su nulidad, pues en un estado de derecho la cosa juzgada fraudulenta no puede convalidar omisiones tan graves. Tal vez por estos motivos nunca se cumplió con la disposición de notificación vía edicto judicial, motivo adicional que imposibilitaba la ejecución de la sentencia.

LA DÉCADA DEL SILENCIO.

Desde que se declaró consentida la sentencia en el año 1999 mediante la resolución número 26, no se registró ninguna actividad procesal hasta el año 2010. Hubo más de una década de absoluto silencio. Sin embargo el señor José Chang Barrera utilizando un poder por acta del año 1997 (un poder caduco) representando falsamente a su hija Desiree Chang Torres (quien vivía en los Estados Unidos desde el año 2005 con quien ya me había divorciado), inicia nuevos trámites judiciales para cobrar las pensiones de alimentos también en nombre de su hija y de su nieto, según él, pensiones acumuladas desde el año 1999.

Aunque parezca inverosímil, el Poder Judicial avala el petitorio fraudulento del señor José Chang y de su abogado.  Los nuevos funcionarios judiciales al revisar el expediente se dan con la sorpresa que la primera sentencia no había sido publicada vía edicto en el diario El Peruano, conforme la disposición de la misma sentencia, y sin embargo ya se había declarado consentida con resolución 26.


Para “corregir” este vicio procesal insubsanable, el mes de febrero del año 2010, una década después, se publica la sentencia de primera instancia en el diario oficial El Peruano. Posteriormente, se vuelve a declarar consentida la sentencia y se publica vía edicto judicial a finales del año 2011.

10 años después de haberse declarado consentida la sentencia, recién se publica la sentencia vía edicto judicial de fecha 12 de enero del 2010


El 3 de octubre del 2011 se emite el edicto judicial declarando consentida la sentencia por segunda vez. 14 años despues de iniciada la demanda y 12 años después de emitida la primera sentencia.


CURADOR PROCESAL

Ya que mi persona, en calidad de demandado, no había sido notificado válidamente en ninguna de las etapas de todo el proceso, el abogado del señor José Chang solicita se nombre un curador procesal para que me represente legalmente, y así asegurar “el debido proceso”, cuando ya todo estaba decidido y nunca se me había brindado la oportunidad de ejercer mi derecho a defensa. Además, el curador procesal debió ser nombrado al inicio de la demanda, en el año 1997, y no en el 2011 cuando se estaba publicando por segunda vez el consentimiento de la sentencia fraudulenta.

Con todos los vicios acumulados hasta aquí, me permito una pequeña reflexión. El Poder Judicial de Barranca no debería ser una especie de cadáver institucional, sin ideales ni aspiración de justicia. Parece que el Poder Judicial de Barranca es una institución que desprecia los principios que garantizan un debido proceso.

Volviendo al curso de esta historia, luego de la publicación que declara consentida la sentencia fraudulenta, a través de un peritaje ordenado por la juez Patricia Tapia Paucar, se calcula la liquidación de pensiones acumuladas desde el año 1999 hasta el año 2011, y la cifra astronómica que arroja la operación matemática, era para algunos como haberse sacado la Tinka: S/. 55,580.00 soles.



15 AÑOS DESPUÉS

15 años después de la demanda, recibo por primera vez una notificación en mi domicilio, veo la cifra, el sello judicial, los nombres de los supuesto agraviados y de su supuesto representante legal. A partir de ese momento, empieza otra etapa de esta infame persecución, y otra institución podrida se suma al elenco de la vergüenza, el Ministerio Público.

Hasta aquí la primera parte de este informe que tiene como objetivo dar a conocer a la opinión pública los hechos que desencadenaron este golpe contra mi libertad y mi dignidad, un golpe de la corrupción contra mi carrera política y un atentado contra la democracia. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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