Rápido Impacto, la gran estafa de 16 millones

Archivo del mes de mayo del 2017


La construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable para abastecer a 24,101 habitantes del sector B de Huacho, es la famosa obra conocida como Rápido Impacto, con código SNIP 11725 que se proyectó durante el gobierno del ex alcalde Santiago Cano.

Conseguir el multimillonario presupuesto fue toda una odisea de 4 años de trámites y subsanaciones. De tal manera que cuando ingresó Humberto Barba Mitrani, el actual alcalde de Huacho, ya tenía en las arcas municipales 17 millones 477 mil soles para la ejecución de esta visionaria obra. Es decir, lo único que debió hacer Barba fue patear la pelota y meter el gol. Lo hizo, pero en el arco de los huachanos.

Supervisión de Obras.

La magnitud de este proyecto contemplaba la contratación de un servicio especializado para la supervisión de la obra. Es decir, una empresa particular que sería la encargada de registrar la información técnica necesaria del avance de la obra, pero además sus peritos podían advertir alguna anomalía previa a la licitación de la misma para solucinarla.

Fue así que el Consorcio Huaura ganó la buena pro para la supervisión de la obra en el año 2014, cuya función principal de este consorcio era evaluar el expediente técnico y cautelar los adelantos directos que se le podían entregar a la empresa constructora.

Licitación al estilo Valencia.

El mes de abril del 2015, el alcalde Beto Barba designa al comité para el proceso de licitación de la obra de Rápido Impacto. De tal manera que el 24 de junio del 2015 una vez otorgada la buena pro se firmó el contrato con el consorcio Mejorando Huacho, integrado por las empresas Reyes Constructora SAC (RUC 20458659321), y Math Construcción y Consultoría SAC (RUC 20508703911).

Sin embargo un mes antes de la firma del contrato, se advirtió una serie de problemas con la empresa supervisora y se puso de conocimiento al OCI que el terreno no estaba saneado. OCI jamás respondió la carta. El gerente Juan Valencia Rincón no quería trabajar con la supervisora que se contrató en el 2014 y posteriormente resolvió el contrato dejando el megaproyecto provincial sin supervisión. Es decir, el consorcio Mejorando Huacho inició las obras sin que nadie lo supervise.

La carta fianza intocable.

Valencia Rincón luego de firmar el contrato con el consorcio Mejorando Huacho, le entregó un adelanto de 20% para mano de obra y 40% para materiales, es decir más de 10 millones de soles. Como garantía el consorcio entregó una carta fianza a la municipalidad.

Conforme se iba avanzando la construcción el consorcio iba valorizando su trabajo en porcentajes y lo presentaba a la gerencia municipal. Lo que debió hacer el señor Valencia es amortizar esas valorizaciones (el avance de la obra) con el adelanto directo de 10 millones que le hizo al principio al consorcio. Es decir, debió ir descontando.

Por ejemplo, si contratamos a una empresa para que pinte 4 paredes y le damos un adelanto del 50%, la empresa no puede exigir más dinero cuando recién ha terminado de pintar la mitad de la primera pared, porque para eso recibió un adelanto del 50%. Lo que hizo Valencia Rincón es pagar (en vez de descontar) cada valorización (avance) que reportaba el consorcio, llegando a desembolsar 5 millones de soles adicionales a pesar que la obra no llegó a ejecutarse ni siquiera al 60% del adelanto que ya había recibido.

Devengados a cambio de nada

El 31 de julio del 2015 y el 30 de diciembre del 2015 la municipalidad devengó a la empresa casi 4 millones y medio a cambio de nada. De esta manera el consorcio Mejorando Huacho tuvo ese dinero disponible en el enero del 2016.

El devengado es la fase de ejecución de gasto donde la municipalidad a través de sus funcionarios debe verificar previamente el cumplimiento de la prestación del servicio. Sin este requisito no se puede devengar. Pero bajo la dirección de Juan Valencia Rincón se devengó al consorcio más de 4 millones de soles sin que haya realizado ninguna prestación que lo amerite.

Fraccionamiento de pagos.

Otra ilegalidad que corroboraría el dolo y la colusión del gerente Valencia Rincón con el propósito de beneficiar al consorcio Mejorando Huacho, se aprecia claramente en el método empleado al realizar el pago del adelanto directo.
La empresa debió recibir el adelanto directo en un solo cheque, de igual manera cualquier valorización debió emplear ese mecanismo de pago único. Así lo estipula la directiva de tesorería del 2014 a la que hace referencia el especialista en gestión pública José Ramírez Zaldívar en diversas entrevistas.

Sin embargo el reporte oficial del MEF indica que la municipalidad realizó hasta 15 transferencias bancarias en un solo día a la empresa constructora, violando la Ley de Tesorería, utilizando al personal municipal para realizar estas operaciones indebidas con la única finalidad de ahorrarle más de 150 mil soles al consorcio en perjuicio del Estado.

80% en diciembre.

En diciembre del 2015 la empresa constructora ya tenía en su cuenta bancaria más de 12 millones de soles gracias a Juan José Valencia Rincón. Esta cantidad corresponde al 80% del total del presupuesto asignado para la obra, sin embargo para esa fecha el avance era ínfimo.

De esta manera seguimos viendo una clara manipulación del presupuesto para la obra de Rápido Impacto orquestado desde la municipalidad con el mismo objetivo de siempre: beneficiar a la empresa constructora en perjuicio de los huachanos.

Obra sin supervisión.

Por increíble que parezca, la gestión de Humberto Barba omitió deliberadamente que la obra de Rápido Impacto cuente con supervisión. Es inaudito, porque ninguna obra pública se debe ejecutar sin supervisión.

Fue así que todo el proceso desde la firma del contrato hasta diciembre del 2015 los reportes de los avances y ejecución de la obra estaban únicamente a cargo de la empresa constructora, que se convirtió en juez y parte gracias a la negligencia de Valencia Rincón y Beto Barba. Mientras tanto seguían saliendo los millones ilegalmente de las arcas municipales para beneficiar a la empresa. ¿Qué ganaba la dupla Barba-Valencia en todo esto? Para los huachanos, es obvio que se trata de un latrocinio imperdonable. Una supervisión particular se contrató recién en diciembre del 2015, cuando la empresa constructora ya se había embolsado más de 12 millones.

Medida Cautelar.

Al ver que la obra no se concluyó en el plazo estipulado, la benevolente municipalidad le concedió una prórroga hasta agosto del 2016. Pero el proyecto siguió estancado y todo Huacho sabía que la obra no avanzaba con normalidad, todos menos los funcionarios municipales.

Si Juan Valencia Rincón no estuviera coludido con la empresa, hubiera ejecutado inmediatamente las cartas fianzas para garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. Pero no lo hizo, se quedó cruzado de brazos a esperar que la empresa con una medida cautelar recuperara su carta fianza y se quedara con más de 7 millones de pago en exceso que el mismo Valencia Rincón y Beto Barba le habían facilitado.
Después que se había perdido toda posibilidad de ejecutar la carta fianza, a Valencia Rincón se le ocurre rescindir el contrato.

¿Por qué se paralizó la obra?

Por culpa de la dupla Barba-Valencia, que a estas alturas todos tienen la certeza que se coludieron para robarle al pueblo.

Resulta que la constructora reclamaba a la municipalidad que debían hacer una caseta de cloración en una subestación, tal como se estipula en el expediente. Pero se presentó un inconveniente, faltaba el punto de alimentación eléctrica de Edelnor que la municipalidad debió gestionar. Le reiteraron hasta el cansancio realizar esas gestiones pero no lo hicieron. Entonces la empresa encontró la excusa perfecta con la cual justificó la paralización de la obra y su medida cautelar. Gracias a la inacción de Barba-Valencia.

La empresa también reclamó ante el juez que era responsabilidad de la municipalidad indicar el camino o los terrenos por donde deberían pasar los cables, y tampoco le entregaron el plano de la caseta de cloración. Es decir, el consorcio sustentó adecuadamente su medida cautelar, a pesar que Valencia Rincón quiera atarantar con su habitual verborrea a la prensa, aparentando confrontación entre la constructora y la gestión de Barba, sin embargo los hechos indican que hubo colusión, que gracias a Valencia Rincón la medida cautelar fue posible y el perjuicio multimillonario al pueblo también, salvo mejor parecer.

Pregunta:

¿Por qué el señor Valencia Rincón prefirió realizar una tímida intervención a la empresa (que no sirvió de nada) en vez de rescindir el contrato a tiempo para poder ejecutar la carta fianza?

Arbitraje.

La empresa constructora se siente perjudicada y exige cuantificar el daño que le ha generado la municipalidad de Huacho. Es decir, podría además del exceso cobrado ganar en el arbitraje hasta 5 millones de soles adicionales que pagarán los huachanos con sus impuestos.

¿Si los fiscales no ven cómo roban en sus narices, no es mejor cerrar el Ministerio Público? ¿Si los regidores no van a fiscalizar, no es mejor ahorrarnos las dietas?



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